Conseguir uno de esos chollos que se encuentran con cierta frecuencia en el mercado inmobiliario posterior a la crisis puede tener también su reverso oscuro.

Muchos compradores se están encontrando con que después de negociar con éxito la hipoteca con el banco y haber cumplido con las gravosas obligaciones fiscales asociadas a este tipo de operaciones, reciben una carta de la Consejería de Hacienda de su comunidad autónoma exigiéndoles un pago extra por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en concepto de liquidación complementaria por comprobación de valores.

En el caso de transmisión de vivienda de segunda mano, el comprador está obligado a pagar el ITP, cuya tipo impositivo varía según la comunidad autónoma de que se trate, pero que suele ser del 6 % o el 10% sobre el precio de venta reflejado en la escritura pública de compraventa, salvo que el valor comprobado por Hacienda sea mayor, en cuyo caso el expresado porcentaje se aplicará sobre el valor comprobado por Hacienda.

El asunto no es cosa de broma. Según los expertos consultados, estas liquidaciones paralelas que están cursando las Haciendas autonómicas fluctúan entre los 3.000 y los 6.000 euros para las operaciones más comunes del mercado, es decir, adquisiciones de inmuebles de entre 150.000 y 300.000 euros de precio.

Es decir, muchos compradores se están encontrando con que después de cerrar el mayor esfuerzo financiero de sus vidas, reciben una comunicación de sus gobiernos autonómicos exigiéndoles un pago que equivale a entre tres y seis mensualidades del sueldo más habitual en la España de 2014: en torno a 1.000 euros netos.

¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Porque al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) no se paga sobre el precio real que se ha abonado por la vivienda adquirida, sino sobre su presunto valor de mercado a ojos de la Administración. Y es aquí donde se producen las distorsiones.

Trampa fiscal

Muchas comunidades autónomas ni siquiera han actualizado con una mínima regularidad esos valores de referencia; otras los vinculan al valor catastral, que puede llevar más de una década revisarse, lo que marca una distancia sideral entre el valor que la Administración considera normal y el que es normal en el mercado inmobiliario.

El resultado de este fenómeno es que se han incrementado las operaciones de compraventa de inmuebles que se sitúan fuera del rango que las comunidades autónomas entienden como normal y esto ha incrementado también los requerimientos de pagos extra por parte de las Haciendas autonómicas.

Se puede recurrir y se puede ganar

Pocos son, en verdad, los que se atreven a pleitear con Hacienda. La mayoría asumen el error y abonan religiosamente las cantidades que se les exigen. Y, sin embargo, parece que no es tan difícil torcer el pulso a las Haciendas autonómicas en este asunto. Muchas valoraciones de comunidades autónomas están siendo rechazadas en vía judicial por su falta de precisión y se está recurriendo a peritos para recalcular los valores y acomodar el pago del ITP al valor de mercado real, no al legal.

En caso de solicitar que se efectué una nueva tasación de la propiedad hay que contemplar su coste (entre 200 a 500€) con respecto al impuesto exigido en muchos casos entre 3.000 y 6.000€.

“Si un comprador recibe un requerimiento de este tipo, debe saber que lo puede recurrir y que si lo recurre es muy probable que lo gane”, subraya Javier Martínez, gerente de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), miembro de CEOE.

Si es tu caso y deseas ahorrarte un buen dinero, rellena este formulario y te asesoraremos sin compromiso.

Fuentes: eldiario.es, Expansión